Elaborar un nuevo Estatutos de los Trabajadores, reforzar el control de la contratación a tiempo parcial y la revisión o derogación de la reforma laboral de 2012, son algunas de las medidas que PSOE y Unidas Podemos acordaron el 30 de diciembre de 2019 para formar un Gobierno de coalición.
A continuación, informamos de manera sintética, de las medidas laborales claves que contiene este acuerdo, cuyo alcance definitivo es todavía una incógnita.
- Elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. En el acuerdo se establece que se podrá constituir un grupo de trabajo para su redacción, integrado por expertos y expertas de reconocido prestigio, del ámbito académico y profesional.
- Modificar el ET en materia de contratación y subcontratación laboral. Reducción de las actividades externalizables de la empresa, limitándose la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa
- Contratación laboral
- Revisión de los contratos formativos y aprobación y desarrollo del Estatuto del Becario para que su uso responda a finalidades exclusivamente formativas. Impulsarán la mejora de sus retribuciones y limitarán el encadenamiento de periodos de prácticas y estableciendo un porcentaje máximo de becarios y becarias en las empresas.
- Recuperar los derechos laborales en los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, revisando las causas y el procedimiento, garantizando su reversibilidad y su carácter negociado.
- Simplificar y reordenar el menú de contratos de trabajo. Reforzarán el principio de causalidad en la contratación temporal y las sanciones aplicables a su uso fraudulento de forma que la contratación indefinida sea la forma ordinaria de acceso al empleo, promoviendo las reformas legislativas necesarias para ello.
- Explorar las opciones posibles para reducir la dualidad, favoreciendo el uso del contrato fijo discontinuo para actividades cíclicas y estacionales.
- Limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa
- Reforzar el principio de causalidad en la contratación temporal y las sanciones aplicables a su uso fraudulento.
- Reforzar el control de la contratación a tiempo parcial.
- Derogar las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo. Reinstauración de la denominada ultraactividad de los convenios colectivos para que mantengan y perpetúen su vigencia de forma indefinida hasta que una nueva norma colectiva posterior sea negociada y acordada.
- Derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales. Primaran los convenios sectoriales -ya sean provinciales, autonómicos o estatales- sobre los convenios de empresa en sus aspectos más relevantes: salario, jornada y resto de condiciones laborales.
- Revisar el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo casi exclusivamente al denominado «descuelgue salarial» cuando concurran causas económicas graves en la empresa.
- Propuesta de eliminación del despido objetivo por absentismo derivado de bajas por enfermedad y la revisión de la delimitación de las causas económicas técnicas, organizativas y de producción.
- Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Se subirá el SMI hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España tal y como recomienda la Carta Social Europea. Se convocará la mesa del Dialogo Social al objeto de promover un acuerdo que será la base para la propuesta del Gobierno. Se creará una Comisión asesora del Ministerio de Trabajo y a disposición del Diálogo Social, compuesta por profesionales de reconocido prestigio, académicos y representantes de los sindicatos y empresarios, que estudiará la evolución del SMI. Para su análisis se tendrán en cuenta, entre otras cuestiones, el índice de precios de consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional, y la coyuntura económica general.
- Reducción de las Bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social.
- Conciliación y violencia en el trabajo.
- Se promoverá un pacto social y político por la racionalización de los horarios, que incluirá una Ley de usos del tiempo y racionalización de los horarios. Todo ello nos permitirá reorganizar completamente los tiempos de trabajo, ocio y cuidados.
- Derecho a la desconexión y la adecuada gestión del tiempo de trabajo dentro de la normativa laboral, así como a la protección efectiva en casos de embarazo y lactancia.
- Ratificación de la Carta Social Europea revisada y el Protocolo adicional a la Carta Social Europea y el Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, de 21 de junio de 2019.
- Empleadas del Hogar. Culminarán con carácter prioritario la plena integración en el Régimen General de la Seguridad Social de las empleadas del hogar a lo largo de la legislatura. Firmarán y ratificarán el Convenio número 189, de 2011, de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos.
- Prevención de Riesgos Laborales Se actualizará el catálogo de enfermedades profesionales, así como el procedimiento de notificación del accidente de trabajo. Además, se evaluará con especial atención la prevención de nuevos riesgos asociados al uso de las TIC, los psicosociales y de determinadas sustancias químicas dañinas para la salud, así como la creciente digitalización y robotización y las nuevas formas de organización del trabajo. Asimismo, se incorporará la perspectiva de impacto de género en la prevención de riesgos laborales.
- Impulso de la lucha contra el fraude laboral (Inspección de Trabajo) Para ello se apostará por el uso de las nuevas tecnologías, automatizando y conectando procesos y Big Data de diversas unidades administrativas y reforzando el sistema de control y sancionador. Los esfuerzos se centrarán en tres áreas:
- el abuso de la contratación temporal concatenada sobre un mismo trabajador o trabajadora, o un mismo puesto de trabajo;
- el uso fraudulento del contrato a tiempo parcial con jornadas no declaradas y
- identificar relaciones extralaborales que deberían articularse a través de contratos de trabajo como por ejemplo falsos autónomos, falsos cooperativistas y falsos becarios.
Perseguirán el fraude de los falsos autónomos, prestando especial atención a las situaciones en las que los ingresos obtenidos por los trabajadores y las trabajadoras procedan de un único cliente o empleador.
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